OTRA TRUCHADA DE LOS KIRCHNER

El domicilio fiscal de la Presidenta de la República, de su hijo Máximo y de una de sus empresas, Los Sauces S.A, es ficticio. Al menos a esa conclusión llegaron autoridades judiciales que fueron al lugar justo para trabajar sobre ese punto, entre otros. La dirección que los Kirchner aun tienen registrada ante la AFIP sobre esas variables impositivas son irregulares, afirmaron a Clarín fuentes de la Justicia especialistas en esas cuestiones. En Alcorta 76 funcionaba, para los registros públicos, el estudio del contador histórico de los Kirchner, Víctor Manzanares.
Esa dirección fue uno de los lugares que mandó a allanar el juez Claudio Bonadio, en el marco de un expediente que investigaba a la familia por lavado de dinero hasta l día siguiente de ordenar procedimientos en Santa Cruz sobre lugares claves de la red financiera de los Kirchner, como la sede fiscal de la propia Presidenta.
Las personas que atendieron a la Justicia y a la policía Metropolitana en ese procedimiento aseguraron que en Alcorta 76 ya no funcionaba el estudio contable Manzanares. 
Según pudo reconstruir Clarín, fueron ellos mismos lo que explicaron que en esa oficina ya no había documentos de las empresas de los Kirchner.
La Justicia llegó hasta ese lugar porque ni la Presidenta ni su hijo cambiaron su sede fiscal ante la AFIP, así como hacen los ciudadanos que quieren ser responsables ante el fisco.
Esta irregularidad se trata de solo una de muchísimas pruebas, e indicios graves y concretos descubiertos por la Justicia respecto alas empresas K, que alteran los nervios de la Presidenta; sus hijos; su cuñada Alicia; y las hijas de ésta última, Romina y Natalia Mercado, involucradas en la trama judicial y financiera.
Hoy, la mayor parte de esas podrían ser anuladas por la sala 1 de la Cámara Federal porteña, integrada por el vecino de la zona residencial más cotizada de Olivos, Eduardo Freiler; por el camarista Jorge Ballestero, socio del country Mayling y habitante de un coqueto departamento en Barrio Parque; y por Eduardo Farah, hasta hace pocos meses aliado del Gobierno.
¿Los camaristas Ballestero y Freiler se animarán a sacarle valor probatorio a la documentación sobre las compañías K que Bonadio logró recolectar en Río Gallegos y El Calafate?
Es lo que quieren los Kirchner. Los camaristas ya demostraron que son capaces de cumplir sus deseos en tiempo récord: apartaron a Bonadio de la causa Hotesur al día siguiente de conocerse que había enviado a autoridades de su juzgado a las puertas mismas de las firmas de la red financiero kirchnerista.
Hoy, esa documentación está una pieza de un edificio de la Prefectura: se la guardó en cajas de plástico azul, apiladas una sobre otra, ya aplastadas de haber estado tanto tiempo inmóvil. 
La imagen tal vez sea un presagio del futuro judicial que le espera a la causa Hotesur.