Por Ignacio Miri
En la resolución de 13 páginas en las que le devuelve el control de Vicentin a los accionistas de la compañía, el juez santafesino Fabián Lorenzini deja varias pistas sobre lo que piensa acerca de la intervención en el grupo agroexportador que dispuso el Poder Ejecutivo. La más contundente es que el magistrado, que está a cargo del concurso preventivo, considera que los interventores que designó el Gobierno no están capacitados para manejar un grupo empresario del tamaño de la cerealera, que procesa, según dice el juez, "aproximadamente el 9% del total de la oferta exportable de la República Argentina".
Dice Lorenzini: "Estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos. Por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales".
Esa idoneidad que menciona el juez, según su resolución, está en el directorio nombrado por los accionistas de la cerealera. Por eso es que desplaza a los interventores del Gobierno y los designa "veedores controladores", una figura legal que hace un "seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración". En otras palabras: sin poder para tomar ninguna medida sobre la empresa.
El juez, que consideró la publicación del Decreto que dispuso la intervención como "una situación disruptiva" para el concurso, inició así una seguidilla de golpes a la idea del Gobierno de avanzar con la expropiación que se encadenaron este viernes.
Además de la decisión judicial, el otro martillazo a la expectativa de la Casa Rosada fue la reunión que mantuvieron los cuatro diputados nacionales del Bloque Córdoba Federal con las entidades del campo de su provincia. Esos legisladores aún no habían dicho qué posición iban a tomar con respecto a la ley de expropiación que anunció el Gobierno.
Ahora sí lo dijeron: "Muy buena reunión con la Mesa de Enlace, consecuente con la histórica relación entre @HacemosCba y el sector. Coincidimos en la prioridad de cuidar a los productores cordobeses y en la necesidad de buscar una alternativa a la expropiación. Seguiremos trabajando juntos", escribieron en la cuenta de twitter del bloque. El oficialismo consideraba que los cuatro de Córdoba estaban dentro del grupo que los podría ayudar a conseguir el quórum necesario para avanzar con la expropiación.
Ese contexto adverso, junto al anuncio del "banderazo" que harán los productores rurales este sábado en las rutas de Santa Fe, es lo que decidió a Alberto Fernández a aceptar la propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que anunció que le pedirá al juez que acepte la participación de la provincia en la intervención. Perotti llevaba varios días trabajando en esa idea y siempre dijo que la provincia tiene que formar parte de la intervención. Su idea chocaba con el plan expropiatorio, pero ahora le sirve al Presidente para salir de la encerrona en que lo dejó el fallo del juez del concurso.
En la Quinta de Olivos, el lugar desde el que habló Perotti para que no quedaran dudas de que su plan tenía la aprobación del Presidente, ensayaron este viernes un nuevo discurso: "Queremos salvar la empresa, no quedarnos con ella", explicó un funcionario que habla todos los días con Alberto Fernández. Según parece, la soberanía alimentaria puede esperar.
EL HILO ROJO QUE UNE A VICENTIN Y LATAMVicentin es un grupo dedicado a la exportación de productos agrícolas argentinos que desde hace décadas compite contra los gigantes globales que dominan su mercado. Latam es una compañía de capital extranjero que compite con una empresa argentina que domina el mercado de los vuelos de cabotaje. No se parecen en nada y no hay nada que las unifique, salvo el hilo rojo que organiza la historia argentina desde hace casi veinte años.
Ese hilo es el kirchnerismo, la encarnación del peronismo que logró condensar en un sólo núcleo ideas, obsesiones y modos de mirar que flotaban dispersos en la sociedad desde mediados del siglo pasado.
Para el kirchnerismo, al menos para el grupo que rodea física o simbólicamente a Cristina Kirchner, Vicentin es poco más que una mesa de dinero con el tamaño necesario para incidir en el mercado cambiario y Latam Argentina algo así como una célula aerocomercial de la derecha chilena que amenaza la soberanía de Aerolíneas Argentinas sobre los desplazamientos a través de los cielos de la patria. Se trata, en los dos casos, de una guerra de intereses, para citar la terminología castrense que tanto le gusta citar a la vicepresidenta de la Nación.
Aunque el sector del Frente de Todos que regresó al kirchnerismo insista en hablar de “alternativas superadoras” o del “rescate” a la cerealera, el kirchnerismo que nunca se fue ya ganó la batalla de la expropiación. Los empresarios ya tomaron nota de que un concurso de acreedores naciente bien puede convertirse en una estatización, porque el Gobierno cree que hoy entre sus tareas está la de comprar y vender granos o aceite, así como antes creyó que estaba la de refinar petróleo o asegurar la llegada de connacionales a Orlando. No importa si hay alguien que cree otra cosa: el núcleo intenso del oficialismo lo cree así y ya dio una y otra vez muestras de que se toma muy en serio sus ideas.
A juzgar por lo que indican las encuestas, la sociedad ya notó la importancia que tiene ese sector dentro del oficialismo. En un estudio de Management & Fit de esta semana realizado a través de llamados por teléfono en la Capital y el Gran Buenos se preguntó: ¿Quién considera que tiene más peso en la toma de decisiones de la gestión actualmente? Las opciones fueron Alberto Fernández, Cristina Kirchner y “los dos por igual”. El 42,6% contestó que la vicepresidenta tiene más peso en las decisiones y el 39,1% cree que es el Presidente. Un 12,7% dijo que son los dos iguales en ese sentido y un 5,6% quedó para el “No sabe/No contesta”. La importancia de Cristina crece entre los menores de 40 años -allí es el 46.1% el que se inclina por la vice- y entre el sector más educado de la población, en donde consigue un 46,3%.
El problema con esa percepción es que los mecanismos usuales para determinar el origen y la conclusión de las iniciativas políticas de un Gobierno se quedan cortos. Para decirlo de otro modo: Cristina no firma decretos, con lo cual, legítimamente el presidente Alberto Fernández puede decir, como en el caso de la expropiación de Vicentin, que las decisiones las toma él. Así, sin las huellas digitales de Cristina en los expedientes administrativos, la influencia de la vice silente en las decisiones sólo se puede registrar por la participación de los funcionarios que le responden sin dobleces a ella o por la congruencia que tienen con su propio discurso histórico o con medidas que ella tomó en sus presidencias. Los pesares de Latam son un ejemplo, y la percepción sobre los negocios agrícolas son otro.
En el Congreso, donde sí se puede ver a cielo abierto la influencia de Cristina, la oposición logró controlar una porción de poder que le permite matizar la intensidad del kirchnerismo convencido. Hace dos semanas, Juntos por el Cambio hizo caer una sesión sólo para mostrar que Cristina no tiene los dos tercios de la Cámara necesarios para nombrar por sí sola a un Procurador General o a un juez de la Corte Suprema de Justicia. En Diputados, a su vez, el oficialismo explora modos de seducir a los diputados que le faltan para conseguir el quórum para tratar la expropiación de Vicentin. La mira está en los peronistas de Córdoba y los socialistas de Santa Fe.
Hasta donde se sabe, la “solución superadora” de la que habla el Presidente mantiene la expropiación anunciada, así que, por más que consiga pasar el filtro de la cámara baja, seguirá inquietando a cualquiera de los empresarios que se disponen a presentarse en concurso de acreedores como forma de organizar la salida de la tormenta que generó la combinación de la crisis heredada del gobierno de Mauricio Macri, la pandemia del coronavirus y la larguísima cuarentena. Cualquier persona que camine por las calles comerciales de la Ciudad de Buenos Aires puede predecir -por los carteles que informan cierres definitivos en comercios, bares y restaurantes- que los concursos y las quiebras llegarán en avalancha.
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