Por Ricardo Roa
La foto tiene una semana. Y a la velocidad con que corre la política, ya podría ser vieja si no fuese por quiénes están en la foto y por las cosas que dice la foto. Descripción: la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, la primera dama Fabiola Yañez, Alberto Fernández, Moyano y su hijo menor, Jerónimo. Casi una foto de familia, tomada en la quinta de Olivos durante un encuentro con asado y larguísima sobremesa.
Hay ahí dos datos a la vista. Uno: nadie guarda la distancia ni usa barbijo. Los cinco burlan las consignas que todo el tiempo el gobierno le pide cumplir a la gente. El otro dato es un nuevo encuentro de Fernández con Moyano, que recuerda al de abril cuando lo elogió como a un prócer.
Lo que no está visible es que la foto es un mensaje sin decir que es un mensaje de protección presidencial a los Moyano. La pata de la sota empieza a verse no bien se sabe que el interesado en difundirla no fue el gobierno sino alguien que no está en la foto: Pablo Moyano, que la tuiteó.
¿Y cuál es el interés de Pablo? Está hasta las manos en una causa que mezcla violencia y corrupción en Independiente, donde es el vice. Una parte de la investigación ha sido cerrada y elevada a juicio: directivos y barrabravas están acusados de integrar una asociación ilícita. Pablo podría seguir el mismo camino. Volverá a ser indagado la próxima semana. Había declarado hace casi dos años y el fiscal pidió entonces su detención que el ex juez Carzoglio rechazó.
Como en otras causas a ex funcionarios kirchneristas, el proceso se paró después del triunfo de Fernández. Pura casualidad. Jugó un papel clave el fiscal general Enrique Ferrari, ahora suspendido y que fue puesto por Julián Alvarez, secretario de Justicia de Cristina. Ferrari corrió a los fiscales que investigaban a Moyano y le dio el caso a alguien de su confianza, Elvio Laborde, de Avellaneda.
Entre las pruebas reunidas por los fiscales Scalera y Rossi que volvieron a la investigación, está la confesión de la empresa que imprimía entradas truchas para la barra. Moyano usó al jefe de la barra, Bebote Alvarez, para apartar a Javier Cantero de la presidencia del club. Apartar quiere decir apretar. El negocio: entradas, operaciones financieras, publicidad, viajes al exterior y unos cuantos etcéteras.
La sociedad marchaba viento en popa hasta que a Bebote se le ocurrió ir por más. Una especie de vamos por todo en chiquito. Quiso tener su propia agrupación dentro del club, aspiración de todo buen barrabrava: terminar como dirigente. Moyano primero demoró el pedido y luego se lo impidió, cambiando el estatuto. Bebote rompió la sociedad.
Alvarez se convierte en arrepentido y le cuenta a la Justicia. Suma en ese operativo a su segundo, Damián Lagaronne, que es una historia dentro de esta historia. Su abogado era Facundo Melo, un sacapresos que se hizo agente de los servicios. El narcotraficante Verdura Rodríguez lo acusó de haberlo contratado (es una manera de decir) para poner una bomba en la casa de José Luis Vila, un cuadro histórico de Inteligencia del radicalismo.
Melo arregló que su cliente Lagaronne declarase como arrepentido y como los jugadores que cambian de club, después arregló con el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, lo contrario: que denunciase al fiscal. Y por poco casi lo consigue: el barra dijo que sí pero al final contó todo, lo mismo que había contado Bebote.
Así, con los enredos de un caso enredado, llegamos a la foto que de casual o familiar no tiene nada y que de mensaje tiene mucho.
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