Por Fernando Gonzalez
La historia dirá si la culpa es toda de Alberto Fernández. O cuánta responsabilidad comparte con Mauricio Macri, Cristina Kirchner y el resto de los presidentes en 37 años de democracia restaurada. Pero lo cierto es que el sexto mes de pandemia encuentra a la Argentina en absoluta recesión. Con la economía cayendo un 13% en el año; con un millón y medio de empleados despedidos o suspendidos y aproximándose a cruzar por segunda vez la frontera siniestra que ubica a la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Solo había sucedido en 2002, después de la catástrofe económica que siguió al estallido de diciembre de 2001.
Con más de 8.000 muertos y casi 400.000 casos de coronavirus, el Gobierno y el Congreso tienen miles de heridas ciudadanas para atender con urgencia. Sin embargo, la madrugada los encontró dándole media sanción al proyecto de reforma judicial. Una ley ideada por el Presidente como un entretenimiento distractivo de creación de nuevos fueros y fiscalías para que avancen los instrumentos que le interesan a Cristina Kirchner. Los únicos que la desvelan: los que le sirvan para despejar su turbio horizonte judicial.
Cada vez más dispuesta a asumir el rol protagónico en el poder que desdeñaba durante los primeros meses, la Vicepresidenta explicó con su estilo lo que piensa de la reforma judicial que, hace apenas algunas semanas, Alberto Fernández presentó con pompa en la Casa Rosada. “El país se debe una verdadera reforma judicial, que no es la que vamos a debatir el jueves”, provocó en un posteo digital. Y después de clavarle la estaca en el corazón a la iniciativa del Presidente, agregó que la única reforma era la que ella había impulsado en 2013. Si hubiera sido un mensaje de audio en WhatsApp, se podrían haber escuchado las carcajadas de Cristina en el final.
Todos saben cuáles son las prioridades judiciales de Cristina porque ella misma se ha ocupado de contarlas. Eyectar de sus cargos a una decena de jueces y camaristas que fueron trasladados durante la gestión de Macri. Y, sobre todo, a los que la investigan en causas por corrupción. Destituir al Procurador General de la Nación, el interino Eduardo Casal, para ubicar allí a alguien de su confianza. Y ampliar el número de miembros de la Corte Suprema para alinearla con sus objetivos. Por eso, se armó un consejo consultivo con algunas figuras decorativas pero que preside su propio abogado, Carlos Beraldi.
Lo que demuestra esta arquitectura, construida al ritmo de las necesidades de la Vicepresidenta, es la desconexión sideral entre la política y la agenda del país real. Lo que se acaba de votar en el Senado no le aporta ninguna solución a los que se quedaron sin trabajo; ni a los que cerraron sus comercios o a los que perdieron sus pymes. Quizás la falta de legisladores en la Cámara de Diputados los haga entrar en razones.
La Argentina pasa por otro de esos momentos en los que sus dirigentes transitan caminos alejados de las necesidades de aquellos a quienes gobiernan. Una ceguera que no es patrimonio del oficialismo porque también la oposición se pierde de a ratos en esa desorientación. Es el tuit suizo de Macri para los manifestantes del 17 de agosto. Es la falta de acuerdo para planificar un regreso seguro y gradual de los alumnos a las clases. Es la policía cordobesa negándole la chance al padre de acompañar en las últimas horas a su hija moribunda.
Cada vez que se ensancha la distancia entre los gobernantes argentinos y la sociedad surge la misma pregunta. ¿Qué es lo que nos hace desviarnos del sendero que conduce, sino a la prosperidad, al menos a las soluciones para escapar de la decadencia? A José Ortega y Gasset le llevó tres viajes entender que nuestros males comenzaban con aquella dificultad de ir hacia las cosas. “En Argentina encontré los casos más cómicos de vanidad”, explicó el filósofo español hace casi un siglo. Su mensaje embelleció muchos discursos pero todavía no ha tenido la suerte de penetrar en las acciones indispensables para cambiar nuestro destino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario