Por Daniel Santoro
El Gobierno y la Corte se acercan a un conflicto de poderes por la decisión de este viernes de la mayoría de los senadores kirchneristas de desplazar de sus cargos a los camaristas Pablo Bruglia y Leonardo Bertuzzi, quienes ratificaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos de las Coimas y el juez del Tribunal Oral Federal 7, y al juez del tribunal oral federal 7, German Castelli, quien debería juzgar a la vicepresidenta en el juicio oral por ese caso. Y ambos poderes saben que en este tipo de pulseadas se define "la verdadera reforma judicial" de la que habló la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La Corte no aceptó esta semana el per saltum (saltar instancias) de Bruglia y Bertuzzi, entre otras razones, porque aún los senadores K no habían firmado su rechazo a un nuevo pliego luego de revisar sus traslados, en un hecho inédito en la historia judicial argentina.
Este viernes la comisión de Acuerdos firmó el rechazo a un nuevo acuerdo y el viernes próximo, la mayoría K, daría el último paso para anular su traslado y que vuelvan a sus tribunales de origen. Por su parte, el martes los ministros de la Corte volverán a analizar el per saltum y el jueves podrían tomar una decisión o esperar más. El viernes 11 estaría, entonces, el hecho consumado que reclamaban los jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal para aceptar una cautelar.
Los ministros de la Corte tienen “tiempos ajedrecísticos” entre los mensajes del Gobierno, la oposición y su propia tropa y el antecedente de sus acordadas 4 y 7 del 2018 en que avalaron el traslado de jueces dentro de una misma jerarquía y un mismo fuero. Incluso, fuentes judiciales salieron ayer a recordar que "Elena Highton votó la acordada 4" junto al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.
Nadie quiere un conflicto de poderes pero ayer los senadores K redoblaron su ofensiva amenazando con, además de ordenar su traslados a sus cargos originales, pedir sanciones contra Bruglia, Bertuzzi y Castelli por no haber asistido a la sesión en la que iban a ser "parrillados" por el oficialismo. La paradoja es que el primer traslado de Bruglia de un tribunal oral de La Plata a uno de la Capital lo firmó Cristina.
En fuentes judiciales se afirmó que la Corte tiene dos herramientas para definirse en esta tormenta. Una es el per saltum y otra es el "acto administrativo final" para ordenarle a los tres jueces que vuelvan a sus cargos originales.
Aunque no hay ningún procedimiento normado para anular un traslado porque es un hecho sin antecedentes ─sí lo hay para nombrar a un juez─, en esas fuentes se explicó que luego de que el plenario del Senado confirme la revocatoria de eso traslados, el presidente Alberto Fernández tendrá que sacar un decreto anulando los decretos de Macri y el de Cristina y comunicar su decisión al Consejo de la Magistratura.
Pero, como los jueces dependen de la Corte, “hará falta un último acto administrativo” para que retornen a esos lugares y el máximo tribunal no lo va a firmar si "antes no se resolvió" la cuestión de fondo.
El conflicto de poderes también podría saltar por el caso del juez Eduardo Farah, quien en el 2018 pidió al Consejo de la Magistratura ir desde la Cámara Federal porteña a un tribunal oral federal en San Martín, luego de las críticas que recibió por haber ordenado la excarcelación de los empresarios K Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por el fraude de Oil contra la AFIP por más de 8 mil millones de pesos.
Farah, como hizo en el 2018, deberá pedir a la Magistratura volver a esa estratégica cámara. Pero, también, necesitará el voto de “los dos tercios” de los 13 miembros de ese organismo, explicó el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, según el nuevo reglamento. Será “muy difícil” que consiga los dos terceros en este contexto y, también, necesitará un acto administrativo final de la Corte.
En la Corte saben que los tiempos judiciales se achican pero no así los políticos para tomar una decisión. Sucede que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó ayer la cautelar de Bruglia y Bertuzzi para que ordenara al Senado frenar el trámite y ahora debe decidir sobre el amparo, es decir si la revisión de los traslados es constitucional. Si la cámara decide antes que la Corte, se esfumará el per saltum y les quedarán presentar un recurso extraordinaria para llegar por esa vía al máximo tribunal.
Todos estos trámites serán después del viernes 11 en que los K quieren terminar de sellar el destino de estos tres jueces. La gravedad del conflicto de poderes que se prepara se ve también en la actitud de la jueza de ese fuero, María Biotti, quien concedió una precautelar a los camaristas y luego de ser amenazada con un juicio político rechazó darles una cautelar definitiva.
En el interín, el senador K Mario Pais hizo aprobar una resolución en la que el Senado rechaza "enfáticamente" lo resuelto el 13 de agosto por la jueza Biotti "por resultar una flagrante violación del sistema republicano de gobierno y de las atribuciones constitucionales de este cuerpo". Le puso en bandeja una “maravillosa” prueba escrita a la dirigente de Juntos por el Cambio Elisa Carrió que denunció ésta y otras maniobras ante el juez Sebastián Casanello.
Durante los debates, el senador K Oscar Parrilli afirmó que el embajador de EE.UU. Edward Prado habría insólitamente participado de la “mesa judicial” de Mauricio Macri para “perseguir opositores”. En esa onda ideológica, luego el ex director de la AFI le preguntó al juez federal Federico Villena, cuyo traslado desde el juzgado de Moreno (que aún no existe) al de Lomas de Zamora, si había hechos cursos de especialización en EE.UU., la misma pregunta que hizo el chavismo a jueces que terminó echando en Venezuela.
Además, de la interna entre el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y su antecesor Ricardo Lorenzetti, hay momentos y escenarios que se analizarán antes de entrar a este conflicto de poderes. En el palacio de Tribunales estiman que la pulseada no será de rápida resolución, sino que “durará semanas”.
El problema es que los K siguen avanzando a toda velocidad sobre el procurador interino Eduardo Casal, el otro juez de la Cámara Federal, Martín Irurzun y la tensión va en aumento en Comodoro Py, donde aún confían que la Corte saldrá en su respaldo.
En el mientras tanto, “el kirchnerismo logró hacer sentir a los jueces que están en comisión (en calidad de transitorios) y si la Corte no da una señal rápida va a ser difícil que los jueces sentencien en las causas por la corrupción kirchneristas”, finalizó el diputado Tonelli. La pelota sigue girando y ahora quedó de lado de la Corte.
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