Por Ricardo Roa
Si hay una movida que explica en estos días por qué Cristina quiso estar donde está, esa movida está en pleno desarrollo: poner un jefe de los fiscales propio y armar un sistema que permita controlar a los fiscales que ella quiere controlar. El jefe de los fiscales, o sea el procurador general de la Nación, es un cargo clave. El puntapié inicial de ese encumbramiento se lo dieron los constituyentes de 1994, entre ellos la misma Cristina. La Procuración se convirtió en una especie de cuarto poder y el procurador en un funcionario equiparable a un miembro de la Corte. Tanto que para designarlo como para removerlo hacen falta los dos tercios del Senado. Una manera de obligar al Gobierno a consensuar con la oposición.
¿Y qué es lo que está intentando Cristina? Reformar la ley para quitar la claúsula de los dos tercios. Pero eso, que es importante, no es lo más importante. La reforma de Cristina avanza con ruidos por arriba y silenciosas maniobras por debajo. El ruido es necesario para que lo que busca más se note menos.
Y lo que busca es echar al procurador Casal, designado provisionalmente en el macrismo y poner en ese lugar a un cristinista. Para eso le da a la Comisión Bicameral que fiscaliza a los fiscales la atribución de nombrarlo. Tiene que ser un fiscal general con más de diez años de antigüedad. No hace falta que sea el mejor. Ni hace falta decir que esa comisión está dominada por el cristinismo.
Hoy, al procurador lo reemplaza interinamente el fiscal general más antiguo. Es una regla. Se aplicó con Casal, a quien el cristinismo le inventó una docena de denuncias y lo amenazó con hacerle juicio político para que se fuera. No lo consiguió.
Casal es un digno funcionario de carrera que asumió por un rato la jefatura de los fiscales a la espera de que Macri pudiera colocar a su candidata Weinberg de Roca, pero el rechazo del peronismo a ese nombramiento lo dejó allí hace tres años. Ahora Weinberg de Roca forma parte de la Comisión Beraldi del Gobierno para reformar la Justicia. Vueltas que da la vida. O que dan las personas.
La reforma de Cristina sustituye una regla automática por una decisión política. Y le entrega a la Bicameral otra arma muy poderosa: el tribunal de enjuiciamiento de los fiscales, que ahora maneja el procurador general y que analiza e impone eventuales sanciones disciplinarias. Fiscal que se pase de la raya, fiscal puf, como quisieron y quieren hacer con Stornelli, el de la causa Cuadernos.
El Jury seguirá siendo de siete pero de composición más kirchnerista y no estará obligado a sesionar con todos sus miembros. Otra vez: que sea suficiente la mayoría que tiene a mano el oficialismo. La presidencia, que por ahora se elige por sorteo, quedará en manos del jefe de la Bicameral. Tampoco hace falta decir a quién le responde.
Cristina nunca tocó el pliego que Fernández le mandó hace nueve meses para convertir a Rafecas en procurador. Es obvio que no lo quiere o que quiere a otro. Fernández lo sostiene pero no da batalla. El que la da a su manera es Rafecas, que ha dicho que no asumirá si se eliminan los dos tercios.
El procurador puede desactivar apelaciones ante la Corte con su sola firma. Cristina corre el riesgo de que no le voten en Diputados la reforma que quiere. Por ahora, en la agenda sólo hay dos temas: aborto y movilidad jubilatoria. ¿Se abrirá para los fiscales? Ella siempre quiere ser primera en todo, aun poniéndose de segunda. No siempre puede conseguirlo.
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