Por Hector Gambini
El niño Santiago Cafiero tenía 10 años recién cumplidos cuando su abuelo Antonio, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, afrontó su primera gran crisis política. Fue por la Policía Bonaerense: los vecinos de Tres Arroyos dieron vuelta e incendiaron varios patrulleros, furiosos con los agentes que se negaron a tomar la denuncia de la desaparición de una nena porque era el último día de 1989 y no querían trabajar.
La nena se llamaba Nair Mostafá y tenía 9 años. Fue hallada violada y asesinada al día siguiente. La Policía se concentró más en arreglar los patrulleros rotos que en investigar bien: hubo 12 sospechosos en 12 días y la malla de la nena, con restos de semen, desapareció.
Aunque aún no existía la palabra en el lenguaje cotidiano ni legal, el femicidio prescribió sin culpables. Cuando violaron y mataron a Nair, una nena de Miramar llamada Natalia tenía 3 años.
En 2001, Natalia Melmann -que ya era una adolescente de 15- fue violada y asesinada en Miramar. Por el femicidio -tampoco existía la palabra- fueron condenados tres policías bonaerenses. Otro policía aún espera ser juzgado. Y otro más todavía no fue identificado. Cuando violaron y mataron a Natalia, una nena de Hurlingham llamada Candela tenía 1 año.
En 2011 Candela Sol Rodríguez -ahora una nena de 11- fue secuestrada, violada y asesinada en Hurlingham. En el segundo juicio por el caso, que con suerte se hará este año, estará entre los acusados otro policía bonaerense. Cuando violaron y mataron a Candela, una nena de Rojas llamada Úrsula tenía 8 años.
Ahora, a los 18, Úrsula Bahillo acaba de ser asesinada por un policía bonaerense que debía estar preso por violación de otra víctima y violencia de género y en cambio estaba libre y se sintió libre para matar a sus anchas.
Ese es el primer horror lateral del caso Úrsula: que 32 años después de Nair Mostafá, policías de la Bonaerense sigan apareciendo involucrados -por acción, omisión, o encubrimiento- en los femicidios más emblemáticos de la Provincia.
El segundo horror es que ahora existe la palabra femicidio y en muchos documentos oficiales de la Provincia se utiliza lenguaje inclusivo, pero la urgencia del lenguaje no se traslada a los hechos.
Los sistemas de alerta están pero muchas veces no previenen. Son botones mudos. Timbres que no llaman a nadie.
La denuncia queda licuada en un sistema que sigue funcionando como hace 30 años, cuando no existían los teléfonos celulares pero sí la complicidad y la negligencia, igual que ahora.
Los jueces que debían ejecutar la orden de detención del asesino de Úrsula no lo hicieron porque uno estaba de vacaciones y el otro consideraba que a él no le correspondía. La Policía no tomó una de las denuncias de Úrsula porque era fin de semana. La chica tenía 18 años y el acusado, 18 denuncias por violencia de género.
Fue el Estado el que no hizo su parte.
Los dos primeros horrores laterales son de diagnóstico. El tercero es de tratamiento. ¿Qué remedios aplica el sistema para que no se repitan estas tragedias crónicas? ¿Cuáles son las señales a futuro?
La primera mirada a esa parte muestra un escenario insólito: el Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Sergio Berni, nombró asesor y le ofreció dirigir la Universidad Policial -responsable de la formación de los futuros policías- al abogado Miguel Ángel Pierri, defensor del cura Grassi y del portero Jorge Mangeri, el asesino de Ángeles Rawson en el femicidio más conmocionante de la década.
Pierri aún no asumió su puesto por las pausas que generó la pandemia. Es un abogado con experiencia docente que tiene el derecho de defender a quien quiera.
El problema es el mensaje que transmite su nombramiento.
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