Por Pablo Vaca
La indecisión que suele exhibir Alberto Fernández a la hora, precisamente, de tomar decisiones, y cuya manifestación más reciente es la semana larga de demora en la designación del reemplazo de la ministra Marcela Losardo en Justicia, tiene un efecto multiplicador que afecta mucho más que a la imagen presidencial. De hecho, eso es lo de menos.
No se trata aquí de analizar el porqué de tan zigzagueante comportamiento, tan repetido en estos 15 meses de mandato. Hay factores personales, evidentemente, que lo estimulan. Tampoco se puede eludir que el inestable equilibrio entre los distintos intereses, pensamientos y poderes de los más altos dirigentes del oficialismo pondría a prueba hasta al más ejecutivo de los presidentes. En especial cuando los que generan conflicto son los intereses, pensamientos y poderes de Cristina Kirchner.
Lo cierto es que ese proceder de Fernández se ha vuelto tan preocupante que este lunes se hablaba en la Rosada de la conformación de una “mesa política”, integrada por gente cercana al Presidente, para ayudarlo a agilizar el ritmo de las definiciones. Paradójico remedio: si algo abundó en estos meses fueron diferentes mesas, mesitas, comités y comisiones que sumaron muchas reuniones y pocas decisiones.
Las dudas de Fernández, que algunos traducen como tibieza, repercuten incluso en áreas donde al principio de su gestión se mostró firme, como en la lucha contra el coronavirus. La llegada en cuentagotas de las diferentes vacunas que se pudieron ir consiguiendo, en lo que ya parece un alarde de improvisación, se contrapone de manera brutal con la velocidad con la cual hace casi exactamente un año encerró en una cuarentena estricta a todo el país. Que la cuarentena haya sido “boba” -para todo el territorio por igual, eterna y sin medir bien sus consecuencias en la economía y la educación- es otro problema. Que haya resultado un fracaso sanitario también.
“No toma decisiones que impliquen algún costo”, sentencia un exfuncionario macrista. Es curioso: no tomar decisiones también puede ser muy costoso. Por ejemplo, ante la catastrófica situación de la pandemia en Brasil (no hay país hoy con más muertes ni contagios por día), parte de la comunidad científica sugirió el cierre de la frontera: circula allí sin freno la variante conocida más contagiosa del virus, la de Manaos (P1), que de yapa sería más “resistente” a las vacunas. Evitar su ingreso masivo al país disminuiría significativamente el impacto de la segunda ola. Coinciden en el diagnóstico el kirchnerismo duro (que “milita” esta causa tal vez por su desamor a Bolsonaro e hizo circular una solicitada firmada por, entre otros, Alicia Castro y Nora Cortiñas) con figuras como el excanciller Carlos Ruckauf y Adolfo Rubinstein, exministro de Salud.
Sin embargo, el Gobierno se limitó a “desalentar” a la población a que viaje a Brasil y a reducir los vuelos desde ese país a la mitad. Es verdad que hay grandes dificultades prácticas en una medida de ese tipo (la frontera con Brasil es muy porosa y cerrarla de manera efectiva es una tarea realmente complicada), pero se sabe que el mal control de los viajeros del exterior fue una de las causas de que pese a la eterna cuarentena hoy lamentemos 54.000 muertos. No son pocos.
El “estilo” Fernández puede verificarse en casi todos los sectores del Gobierno, de Cancillería a Obras Públicas, de Medio Ambiente a Defensa, de Turismo a Seguridad. Justo es reconocer que una de las primeras personas en arribar a esta conclusión fue precisamente la Vicepresidenta, cuando en su famosa carta del 27 de octubre pasado, publicada por los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, castigó a los “funcionarios que no funcionan” y a la vez sentenció, impiadosa: “El sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios”.
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