Por Hector Gambini
Leandro Báez no es sólo el hijo de Lázaro más parecido a su padre. También es el subconsciente parlante de lo que su padre calla. Es el Báez que cuenta sin tapujos cómo Néstor Kirchner le dijo a Lázaro “que prepare la empresa para los contratos que se iban a volcar en la provincia” de Santa Cruz. Y, atención, que “en cada provincia hay un Lázaro Báez”.
Leandro Báez no respeta pactos de silencio porque él no los hizo. Y entiende exactamente qué es lo que está pasando: que si Lázaro y sus hijos fueron condenados por lavado de dinero ya que todos figuraban en las sociedades “lavadoras”, Cristina -a quien él señala como el origen del dinero negro que su padre lavaba- también podría ser condenada junto a quienes figuraban en sus sociedades inmobiliarias y hoteleras. Los hijos de Cristina.
“Cristina está preocupada porque Florencia no tiene fueros como Máximo”, le dijo Báez a la periodista de Clarín Lucía Salinas.
El más chico de los Báez traza así una relación de situaciones en espejo y le muestra a Cristina qué es lo que puede venir tras la condena a su padre. Nada que Cristina no sepa.
La condena a Lázaro Báez y a sus cuatro hijos se leyó apenas 5 días antes de que Alberto Fernández anunciara en el Congreso otra fuerte ofensiva contra la justicia, mientras Cristina sonreía a su lado.
Se pareció demasiado a un intento para tapar la lluvia con más tormenta.
La médula de esa operación es un clásico del relato: cómo sostener algo en el discurso que en los hechos significa lo opuesto.
Ejemplos cortitos y al pie: el relato dice que se busca una justicia más transparente y ágil para conseguir sentencias justas en menos tiempo y en los hechos proponen crear un tribunal intermedio antes de la Corte y una comisión bicameral que controle a los jueces.
Las funciones de los organismos que quieren crear ya existen: la Cámara de Casación es el tribunal antes de la Corte y quien controla a los jueces es el Consejo de la Magistratura.
La creación de esos entes vidriosos generaría más lentitud en los expedientes-porque se agregan instancias de revisión y burocracia- y favorecería el objetivo estrella: que ninguna causa de corrupción incómoda para Cristina o sus socios quede firme nunca.
El tiempo es oro y aleja la posibilidad de penas efectivas.
Por eso en Casación el juez más kirchnerista del cuerpo, Alejandro Slokar, le pidió a los gritos y por zoom la renuncia al presidente de la cámara, Gustavo Hornos.
Lo hizo envalentonado tras el discurso del Presidente, no como un juez independiente sino como un ministro que reclama un sillón que considera acorde a la política vigente.
Slokar -discípulo de Zaffaroni y aliado de Verbitsky- es vicepresidente primero de Casación. Si Hornos se corre, queda él.
Hornos es quien votó a favor para que se reabriera la denuncia de Nisman contra Cristina por encubrir a los autores del atentado a la AMIA, y quien consideró en un voto que los hechos de corrupción no prescriben.
Eso es justamente lo contrario que quieren Cristina y sus aliados, porque vuelve inútil el paso del tiempo.
La estrategia es correr a los incómodos mientras se proponen organismos nuevos, sólo justificados por la necesidad del Gobierno de mantener a los jueces bajo su tutela.
Eso para las causas de corrupción que ya existen.
Para las que puedan abrirse a futuro -contra sí mismos o contra la oposición- necesitan el puesto del procurador general, donde aún resiste Eduardo Casal.
Si lo consiguen, habrá sistema acusatorio en la justicia porteña y los fiscales decidirán qué causa marchará a la velocidad del rayo y cuál al paso del caracol.
Mientras, Leandro Báez le pide a su padre que diga públicamente “quiénes manejaban realmente” la plata de sus cuentas en Suiza.
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