Por Lucia Salinas
En el Poder Judicial nacional y federal hay 278 puestos sin cubrir. El número representa aproximadamente un 30% de los despachos de jueces en diversos fueros que no cuentan con un titular. La sangría en la Justicia queda atravesada por la política en el Consejo de la Magistratura y en el Senado: durante la gestión anterior, Cristina Kirchner retuvo 85 pliegos. Comodoro Py es un escenario dramático de esos cargos sin cubrir: en instrucción hay cuatro cargos que se subrogan -de doce juzgados-, y si el juez Ariel Lijo logra ingresar a la Corte Suprema serán cinco los sillones vacíos en el fuero que investiga la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Los números del Consejo de la Magistratura -que es presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti- reflejan la crítica situación. Respecto a los concursos, en la actualidad hay 1.224 en curso. De esa cifra, 1.048 responden a concursos concluidos y 176 concursos en trámite. Sucede que durante los últimos años el Senado retuvo sin dar tratamiento 85 pliegos con ternas conformadas.
Todo conduce al mismo lugar: despachos sin jueces titulares. Esto incide de forma directa en lo la velocidad con que se tramitan los expedientes y la posibilidad de tener sentencias.
En la actualidad, el juez Ariel Lijo, -a quien eligió el presidente Javier Milei para integrar la Corte en reemplazo de Helena Highton- tiene a su cargo tres juzgados: el suyo, otros dos más como subrogante.
La situación se repite en otros casos. Además de su juzgado, la jueza María Eugenia Capuchetti tiene a cargo el número 9 que pertenecía a Luis Rodríguez. Y Julián Ercolini subroga el despacho que ocupaba Claudio Bonadio.
De esta manera, los cuatros cargos que aún se encuentran vacantes en Comodoro Py son cubiertos con suplencias. Si se tiene en cuenta que los juzgados federales de instrucción son doce, un tercio se encuentra sin un magistrado titular.
Ese número se acrecentará en caso de que Ariel Lijo obtenga la mayoría especial de dos tercios de los votos en el Senado para integrar la Corte Suprema. De ocurrir, serán cinco los despachos vacantes en los Tribunales de Retiro.
El laberinto de los concursos
En el Consejo de la Magistratura se llevó adelante el proceso para cubrir el juzgado federal 12 que pertenecía a Sergio Torres, hoy integrante de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Diego Arce, secretario de Lijo, quedó primero en el orden de mérito, y el trámite volvió a Comisión donde se debe volver a hacer el dictamen y elevarlo al plenario para que voten.
Un detalle muestra los tiempos actuales en este proceso: el orden de mérito de ese concurso se firmó el 14 de octubre de 2020 y el acta lleva la firma de las consejeras Graciela Camaño e Ingrid Jorgensen. Sin embargo, el trámite no avanzó y ese juzgado está siendo subrogado en la actualidad.
Cada vez que se produce una vacante se abre el expediente para su concurso. A la fecha ya se abrieron los procesos para cubrir los juzgados que ocupaban Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral.
Pero al poco tiempo se produjo la vacante de Luis Rodríguez, y sin embargo el Consejo de la Magistratura aún no se pone de acuerdo respecto a dónde acumular ese llamado para comenzar el trámite correspondiente. Rodríguez renunció a su cargo hace un año.
Todo queda envuelto en la burocracia de la normativa que rige los concursos y las disputas internas del Consejo que no están signadas sólo por la política, “sino también por el ala que representa a los magistrados que están agrupados en diferentes espacios y listas, y hay puja todo el tiempo”, explicó una fuente de organismo a Clarín.
En la tarea cotidiana de los jueces subrogantes “demanda mucho tiempo armar equipos de trabajo. Cada juzgado tiene su propia identidad y estilo”, explicaron fuentes judiciales.
El proceso que comienza en el Consejo de la Magistratura con el concurso, la evaluación de antecedentes, la entrevistas y la calificación final para establecer el orden de mérito con el que se conforma una terna de candidatos, continúa en el Poder Ejecutivo.
Ahí comienza a tener un rol preponderante la política. El presidente de la Nación debe remitir al Senado a los candidatos que eligió de cada ternas enviada por el Consejo de la Magistratura, para que apruebe esos nombres con dos tercios de los votos de la Cámara. Luego el trámite vuelve al Poder Ejecutivo, que debe oficializar las designaciones publicándolas en el Boletín Oficial.
El desafío para el gobierno de Milei
La consejera en representación de los Abogados, Jimena de la Torre dijo a Clarín que "con la incorporación del senador Luis Juez y el representante del Ejecutivo, Sebastian Amerio, el Consejo está integrado en su totalidad y en condiciones óptimas de avanzar en la cobertura de las vacantes”.
A criterio de la consejera, el objetivo del gobierno de La Libertad Avanza “debería ser la designación de 200 magistrados. Para ello, nuestro deber es imprimirle el mayor dinamismo al Consejo de la Magistratura, pero sin desconocer el desafío que tiene el Gobierno de lograr los acuerdos necesarios en el Senado”.
Cuando el gobierno designó a Amerio como su representante en el Consejo, su objetivo fue acelerar los concursos.“Así como los jueces tienen plazos procesales, el Consejo también debe tenerlos. Porque el Poder Judicial tiene 30% de cargos sin cubrir y eso afecta la correcta administración de justicia”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
La celeridad que se busca imprimir a los procesos incluye los concursos anticipados, es decir que cuando se sabe que una vacante está próxima a producirse, se lleve adelante el proceso de concurso y selección para no iniciar con el mismo una vez que el cargo queda sin un juez titular.
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