Por Hector Gambini
El gobierno llegó este martes a Rosario con el ministro de Defensa Luis Petri, los jefes de las Fuerzas Armadas, 120 militares, camiones, camionetas estacionadas en la Costanera, helicópteros sobrevolando, lanchas y un buque de la Armada amarrado en el Paraná.
La tentación exhibicionista -un Toc irremediable de todos los gobiernos- no deja de ser un mensaje político: justo una semana después de que el presidente Milei dijera en una entrevista que la seguridad en Rosario es “un tema provincial”, la Nación agrega a la reacción de Bullrich y sus gendarmes lo más alto de la cúpula militar y su apoyo logístico.
Aunque es una señal simbólica -por la Ley de Seguridad Interior, los militares no pueden actuar en conflictos internos-, el gobierno entendió rápido que el narcotráfico en Rosario no es sólo un problema de los rosarinos.
Ese foco lo diferenciaría de inmediato de sus predecesores.
En Defensa hicieron trascender que trabajan en una reforma de la ley para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra el enemigo interno narco.
Ese proyecto irá al Congreso pero, se apruebe o no, ya será un mensaje.
Igual que sucede con los paquetes de leyes económicas con las que el Gobierno pulsea con la oposición en las cámaras legislativas, la seguridad también se sumará al dilema “de qué lado estás” que ha envalentonado al presidente Milei en los rounds tuiteros de cada día.
En una encuesta sobre los 100 días de gobierno -publicada en Clarín por Eduardo Paladini-, el narcotráfico le preocupa sólo al 2 por ciento de la población, pero la cifra sube al 9 si la cuestión es “inseguridad”.
Sumadas, sólo las superan “inflación” y “pobreza” en la consideración pública.
En el Gobierno leen que si en los próximos meses funciona el control de la macroeconomía -y la inflación y la pobreza disminuyen- la inseguridad volverá al tope en la agenda de las preocupaciones.
En ese escenario -donde los motochorros se mimetizan con el paisaje urbano-, cada nuevo crimen en Rosario desnudará (como ya ha ocurrido) que las acciones de exhibición vehicular no alcanzan.
Aquel necesario cambio de foco conlleva también un riesgo político: si el drama narco en Rosario ahora es un tema nacional, un fracaso en los resultados contra el flagelo tendrá responsables en Buenos Aires.
La ministra Bullrich, que en la encuesta de los 100 días aparece con la mayor imagen positiva del gabinete nacional, sabe que esa foto puede perder su lozanía demasiado pronto si no hay acciones de fondo.
Por eso este miércoles se reunió con el jefe de la poderosa CIA estadounidense -de visita en Buenos Aires- y el martes no estuvo en Rosario con Petri sino en la Casa Rosada, donde su colega de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, convocó a las cabezas del Poder Judicial para lanzar el Sistema Acusatorio en Rosario, un cambio procesal que le da el protagonismo de la investigación a los fiscales y, en teoría, hace que las causas dupliquen su velocidad, como ya ocurrió en Salta y Jujuy. El tiempo apremia.
Los cambios técnicos que eso implica -hay que adaptar un sistema llamado COIRON, que lleva expedientes electrónicos en vez de las tradicionales “fojas” de papel-, hicieron retroceder a Cúneo Libarona en su decisión de hacerlo ya.
Será el 6 de mayo -en seis semanas-, si llegan.
Si hay un plan para gestionar la inflación, el déficit fiscal o la pobreza, éste es el plan para bajar las muertes en Rosario.
En la reunión, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dijo asumir un “compromiso militante” con el cambio de sistema.
Rosatti, santafesino, había dicho en 2021 que el narcotráfico podría ser “el problema más importante de la Argentina dentro de tres o cuatro años”.
El plazo de aquella advertencia llegó.
Ese foco lo diferenciaría de inmediato de sus predecesores.
En Defensa hicieron trascender que trabajan en una reforma de la ley para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra el enemigo interno narco.
Ese proyecto irá al Congreso pero, se apruebe o no, ya será un mensaje.
Igual que sucede con los paquetes de leyes económicas con las que el Gobierno pulsea con la oposición en las cámaras legislativas, la seguridad también se sumará al dilema “de qué lado estás” que ha envalentonado al presidente Milei en los rounds tuiteros de cada día.
En una encuesta sobre los 100 días de gobierno -publicada en Clarín por Eduardo Paladini-, el narcotráfico le preocupa sólo al 2 por ciento de la población, pero la cifra sube al 9 si la cuestión es “inseguridad”.
Sumadas, sólo las superan “inflación” y “pobreza” en la consideración pública.
En el Gobierno leen que si en los próximos meses funciona el control de la macroeconomía -y la inflación y la pobreza disminuyen- la inseguridad volverá al tope en la agenda de las preocupaciones.
En ese escenario -donde los motochorros se mimetizan con el paisaje urbano-, cada nuevo crimen en Rosario desnudará (como ya ha ocurrido) que las acciones de exhibición vehicular no alcanzan.
Aquel necesario cambio de foco conlleva también un riesgo político: si el drama narco en Rosario ahora es un tema nacional, un fracaso en los resultados contra el flagelo tendrá responsables en Buenos Aires.
La ministra Bullrich, que en la encuesta de los 100 días aparece con la mayor imagen positiva del gabinete nacional, sabe que esa foto puede perder su lozanía demasiado pronto si no hay acciones de fondo.
Por eso este miércoles se reunió con el jefe de la poderosa CIA estadounidense -de visita en Buenos Aires- y el martes no estuvo en Rosario con Petri sino en la Casa Rosada, donde su colega de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, convocó a las cabezas del Poder Judicial para lanzar el Sistema Acusatorio en Rosario, un cambio procesal que le da el protagonismo de la investigación a los fiscales y, en teoría, hace que las causas dupliquen su velocidad, como ya ocurrió en Salta y Jujuy. El tiempo apremia.
Los cambios técnicos que eso implica -hay que adaptar un sistema llamado COIRON, que lleva expedientes electrónicos en vez de las tradicionales “fojas” de papel-, hicieron retroceder a Cúneo Libarona en su decisión de hacerlo ya.
Será el 6 de mayo -en seis semanas-, si llegan.
Si hay un plan para gestionar la inflación, el déficit fiscal o la pobreza, éste es el plan para bajar las muertes en Rosario.
En la reunión, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dijo asumir un “compromiso militante” con el cambio de sistema.
Rosatti, santafesino, había dicho en 2021 que el narcotráfico podría ser “el problema más importante de la Argentina dentro de tres o cuatro años”.
El plazo de aquella advertencia llegó.
Sin embargo, la mitad de los puestos de magistrados federales en la Provincia de Santa Fe aún están vacantes.
El desembarco federal en Rosario tiene un lado crucial.
Quizá consiga una mayor independencia en las investigaciones que les han costado a los fiscales provinciales ser desplazados -o terminar acusados ellos mismos- cada vez que buscaron conexiones de los narcos con el poder político.
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