Por Gonzalo Abascal
Este martes el proyecto de reforma constitucional en La Rioja avanzará un nuevo casillero. Por delante sólo quedará la última sesión de la Convención. Y si todo sigue como el gobernador Quintela sueña, el 20 de julio se jurará la nueva Constitución, y estarán más cerca de cumplirse sus deseos de permanecer en el poder por un tercer mandato, y de generar el escenario para condicionar al poder judicial y a la prensa.
Aquello que el kirchnerismo -y puntualmente Cristina Kirchner- pretendió para el país, será una realidad en una provincia gobernada por el peronismo desde hace 41 años.
La propuesta de la nueva Constitución sorprende con definiciones como el “Derecho al agua potable” y el “Derecho al Deporte” de los riojanos, dos cuestiones tan básicas que para muchos constitucionalistas resultan de innecesaria inclusión, combinadas con apelaciones modernistas a los “macro datos” y a la “democracia digital”. Como si La Rioja viviera simultáneamente en dos tiempos históricos distanciados por siglos, y la inteligencia artificial pudiera llegar antes que el agua potable.
Todo es posible.
La realidad es más pedestre: lo que Quintela pretende es crear las condiciones para plantear una nueva reelección (el actual es su segundo mandato), al tiempo que debilitar la independencia de los jueces provinciales, lo que le permitiría ampliar la ya extendida discrecionalidad del Ejecutivo.
El avance contra la prensa fue desembozado y generó una reacción crítica que obligó a dar marcha atrás con el proyecto inicial. El texto original de la convencional Mariana Nievas sorprendió con un concepto tan autoritario como transparente en su formulación: “abuso de la libertad de expresión”. Proponía acusar y sancionar a los medios de comunicación por “imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales”. Si hasta parecía escrito por la ex vicepresidenta.
Hubo reacción colectiva y corrección parcial. Pero antes se habló de “pensar una nueva ecología mediática”, “la era de la posverdad”, “la influencia de las redes sociales” y el “desierto informativo”. Semejante ensalada conceptual sólo podía tener el objetivo de ocultar la verdad. “Respecto a la libertad de expresión y a la gobernanza, partimos de que la información es un bien social y no una mercancía de intercambio”, intentó explicar Pedro Goyochea, vocero de la reforma. Las palabras claves allí son “bien social” y “gobernanza”, que justificarían la intervención del Gobierno si considerara que la información las pone en riesgo. Es decir, restringir y si es posible callar las voces críticas.
La otra cuestión sensible incluye nada menos que la posible periodicidad en el mandato de los jueces. El texto definitivo está pendiente pero trascendió que dos proyectos convivirían para su evaluación final en la Convención. El del oficialismo postularía mandatos de diez años con la posibilidad de renovación por otros cinco, y la designación a cargo del Ejecutivo. De modo sorprendente, la oposición acompañaría la idea de limitar temporalmente los mandatos, y sumaría la elección por voto popular.
Se sabe que la inamovilidad de los jueces, sobre todo los del Tribunal Supremo, es un pilar de su independencia, condición que tanto incomodó al kirchnerismo y que Quintela se empeña en concluir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario