Una empresa inglesa sin oficinas en la Argentina, con un domicilio legal caduco y con un misterioso pasado en Inglaterra controla la tarjeta SUBE. Se trata de Global Infraestructure (GI), la firma británica que firmó un contrato por $65 millones con la Secretaría de Transporte. Esta compañía todavía no existía cuando comenzó la licitación para supervisar el boleto electrónico.
LA NACION comprobó que la firma montó "oficinas virtuales" en Londres, que ofrece una dirección inexistente en Buenos Aires y que el Estado le paga cerca de 3 millones de dólares en salarios aunque su personal no tiene lugar de trabajo. La Secretaría de Transporte dejó en sus manos el control de la SUBE.
GI encabezó el consorcio integrado por ex funcionarios y ex asesores de Transporte que ganaron la sugestiva licitación para supervisar el boleto electrónico, pese a que una reconocida consultora internacional ofreció una oferta $ 10 millones más económica. Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del "liderazgo técnico" de la operación.
A pesar de su importancia estratégica en el proyecto, GI no tiene sede en el país: en Tucuman 1, 4° piso -dirección señalada en su página web-, funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no mantiene ningún vínculo. Ese todavía es su domicilio legal en la Argentina.
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