ROMA – La cátedra de Pedro está vacía. Joseph Ratzinger la ha abandonado con un corte neto y ha dejado el futuro gobierno de la Iglesia a un sucesor que le es desconocido, como es desconocido todavía para los mismos cardenales que lo elegirán.
No se recuerda, en el último siglo, un preconclave tan a oscuras y tan vulnerable a presiones externas e internas.
El último veto clamoroso de una potencia mundana, el imperio austrohúngaro, contra un cardenal que estaba a punto de ser elegido Papa es del año 1903.
Pero hoy, es el “cuarto poder”, el de los medios de comunicación, el que no da tregua a los purpurados llamados al cónclave.
Uno ya ha caído, el escocés Keith Michael Patrick O’Brien. Benedicto XVI, en uno de sus últimos actos como Papa, ha dado celeridad a su dimisión como arzobispo de Edimburgo, y él mismo ha anunciado que no viajará a Roma para la elección del nuevo pontífice.
Otro es el ex arzobispo de Los Ángeles, Roger Mahony, censurado por su mismo sucesor, José Horacio Gómez.
Un tercero es el ex arzobispo de Bruselas, Godfried Danneels.
Para los tres los cargos de acusación se refieren a esa “suciedad” contra la que el Papa Ratzinger ha combatido su valiente batalla.
Mahony y Danneels han resistido hasta ahora a la purga, pero dentro del colegio cardenalicio su prestigio ya está prácticamente anulado.
Sin embargo, hace pocos años, los tres estaban en la cresta de la ola. Entre los nueve votos que el cardenalCarlo Maria Martini, el candidato bandera de los cardenales progresistas contrarios a la elección de Ratzinger, tuvo en el primer escrutinio en el cónclave de 2005, se incluían precisamente los de O’Brien, Mahony y Danneels.
Hoy, de esta corriente progresista ya casi no queda nada dentro del sacro colegio.
Además de las presiones externas, sobre el cónclave hay también presiones que proceden de dentro de la Iglesia.
El informe secreto que los tres cardenales Julián Herranz, Jozef Tomko y Salvatore De Giorgi han entregado a Benedicto XVI, y sólo a él, y que éste ha puesto a disposición exclusiva de su sucesor, un informe sobre el cual no se ha filtrado ni siquiera una línea pero que se sabe retrata un cuadro preocupante del malfuncionamiento de la curia romana, pesa sobre el cónclave como una bomba de relojería.
Ello condicionará la elección del nuevo Papa, porque al elegido se le pedirá que realice urgentemente esa reforma de la “governance” que Benedicto XVI ha dejado inacabada, so pena de que la Iglesia se precipite en un desorden institucional tal que pueda oscurecer su misión última y verdadera: reavivar la fe cristiana allí donde esté debilitada y llevarla donde aún no ha llegado.
También en los cónclaves precedentes los cardenales sufrieron presiones análogas.
En los dos de 1978, los que eligieron como Papas primero a Albino Luciani y luego a Karol Wojtyla, a los purpurados se les entregó un dossier preparado por el “think tank” boloñés de Giuseppe Dossetti, Giuseppe Alberigo y Alberto Melloni, que incluía un capitulo detallado sobre lo que el nuevo elegido debería hacer en los primeros “cien días”: abolir las nunciaturas, hacer elegir a los obispos por las respectivas regiones eclesiásticas, conferir poderes deliberativos a los sínodos de los obispos, instituir al vértice de la Iglesia un órgano colegial “que bajo la presidencia personal y efectiva del Papa trate por lo menos bisemanalmente los problemas que se plantean a la Iglesia en su conjunto, tomando las decisiones oportunas”.
El dossier también le pedía al nuevo Papa que se “liberara del miedo a la revolución sexual”, innovando con decisión la moral cristiana en este campo, pero Juan Pablo II no hizo nada de todo esto.
En 2005 los boloñeses volvieron a la carga apostando por el cardenal Martini y reimprimiendo en un libro su dossier, pero también Benedicto XVI, el elegido, lo ignoró totalmente.
A su sucesor los cardenales electores le pedirán mucho menos en materia de gobierno. Bastará que en los primeros cien días inicie una drástica reforma de la curia. Esta vez será difícil que el nuevo Papa se pueda sustraer a ello.
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