EL OFICIALISMO MUDO, LA VERDAD Y LA JUSTICIA A TEHERAN

Por GRACIELA CAMAÑO

Mucho se dijo en el debate sobre el memorándum-tratado firmado con Irán, muchas preguntas quedaron sin respuestas, muchas especulaciones sobre los motivos para semejante cambio en materia de política exterior. Una sola excusa: la necesidad de que la causa avance. ¿Puede una causa penal avanzar vulnerando el contrato más importante firmado por todos los argentinos cual es su Constitución? Lo convenido se coloca por encima de la ley, aun del plexo normativo en que se enmarca la causa, pero por debajo de la Constitución, lo que impone su compatibilización con ella. El artículo 27 de la C.N. establece sobre los tratados “que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”.

Este acuerdo no se ajusta a tales principios. Argentina no puede dejar de ser soberana delegando y/o resignando jurisdicción. Así sea tan solo con el riesgo de subordinación a los intereses foráneos, y que, por la palpable vaguedad e incoherencias de los términos del memorándum estaría realizando. La reforma del 94, al buscar la compatibilización de la constitucionalización de los derechos humanos y los procesos de integración, intentó flexibilizar el esquema rígido de la Constitución histórica, pero lo hizo acotadamente por vía de la inserción en el artículo 75 de los incisos 22 y 24. La Constitución no solo no autoriza la delegación de la soberanía nacional, sino que tampoco autoriza la delegación de competencias fuera del acotado esquema de tratados de derechos humanos. Lo aprobado establece la creación de una “Comisión de la Verdad” “para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina”. O sea la sumisión de la Justicia, porque el compromiso no lo es en orden a que lo asuman las autoridades “políticas”, sino que pesa sobre las “judiciales”. Con una clara intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial, violando el art. 109 CN. Refiere que “los comisionados llevarán adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados”. La pregunta es para qué: ¿acaso se trata de poner en tela de juicio todo lo actuado por las autoridades judiciales del país? Tampoco tienen sentido la presencia de autoridades judiciales argentinas (cláusula 5), sino para validar con su presencia la interferencia en su labor. Pues pareciera que su rol es más bien el de un “convidado de piedra”. Con el memorándum se desvirtúa la causa,la independencia judicial y nuestra propia soberanía. El oficialismo mudó la verdad y la justicia a Teherán.