Por Eduardo BVan der Kooy
Cristina Fernández parece perder algún impacto. Estarían convergiendo para tal fenómeno dos razones. Sus problemas con la Justicia se amplían todos los días. No están circunscriptos, como pretende presentarlos ella, a una presunta animosidad del juez Claudio Bonadio. Desde la política tampoco surgen señales auspiciosas. El Frente para la Victoria (FpV) se disgrega frente a cada desafío en el Congreso. Dentro de esa vereda La Cámpora, columna de la feligresía cristinista, va quedando cristalizada en una pequeña facción. El peronismo rastrea con angustia una alternativa sin la ex presidenta para las elecciones del año próximo.
Cristina depuso en Comodoro Py ciertas rebeldías. Decidió presentarse para dejar las huellas dactilares y facilitar un informe socio-ambiental sobre su persona y su forma de vida. Casi ningún secreto, en realidad. Hace algunos días rechazó ese trámite dispuesto por Bonadio en la causa del dólar a futuro por la cual está procesada. Había reclamado un nuevo aplazamiento que el magistrado le negó. Su abogado defensor, Carlos Beraldi, hizo un trabajo paciente –más psicológico que judicial– para persuadir a la ex mandataria sobre la conveniencia de cumplir con el trámite burocrático. Aunque le sonara a disparate.
Cristina lo hizo ayer en Tribunales, finalmente, sin correrse un ápice de la lógica con que dispuso encarar esta pelea. Entiende que las causas de corrupción que la acechan sólo tienen el motor del poder y la política. De ilícitos no habría nada. Por eso cargó contra Bonadio a quien no pudo ver. Según sus twitters, porque el juez iría tarde a su trabajo. La verdad es otra: los dos trámites que tuvo que realizar pertenecen sólo a la órbita administrativa. Requisitos indispensables de toda persona que ha resultado procesada. Bonadio llegó a su oficina cuando ella se fue. Exactamente veinte minutos después.
La ex presidenta no se privó de recordar que los jueces no pagan impuesto a las Ganancias. Un tema que sobrevolará esta semana el Congreso cuando el macrismo y la oposición analicen los proyectos para modificar las escalas actuales del tributo. También lanzó palos contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo montado en Comodoro Py a raíz de su presencia. Según su visión “esa gente (por el macrismo) no anda bien”. Tal vez le asista la razón. Pero por autopreservación sería conveniente también que se observe con mayor detenimiento cada vez que se detiene ante un espejo. Algo que practica, se sabe, con bastante asiduidad.
Cristina no sabía a esa altura que lo peor estaba por llegar. Algo sospechaba Beraldi, su abogado. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron el embargo de los bienes de sus hijos, el diputado Máximo y Florencia. Se trata de la causa Hotesur que sustancia Julián Ercolini. Una empresa dedicada a administrar una cadena hotelera en El Calafate, ahora en aparente decadencia. La ex presidenta los había cedido como parte de la herencia de Néstor Kirchner poco antes que Bonadio trabara embargo sobre sus bienes en la causa del dólar a futuro. Los fiscales adujeron que resulta necesario aquel recurso porque se investiga un presunto “lavado de activos”. Se empieza a configurar un hecho inédito en la historia judicial de la nueva democracia: toda la familia Kirchner, la de lazos de sangre y la política, está hoy bajo la lupa de los jueces.
El apellido Mahiques ayudaría a lo mejor a Cristina a fogonear su teoría de la confabulación del gobierno de Mauricio Macri y el Poder Judicial en su contra. Ese fiscal es hijo de quien fuera ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en Buenos Aires, en sus comienzos. El cargo es ocupado ahora por Gustavo Ferrari. También es hermano del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Mahiques. Pero habría algunos eslabones en la cadena conspirativa de la ex presidenta que no llegarían a engarzar. El fiscal, que actuó como instructor en el fuero criminal ordinario, obtuvo la fiscalía federal por iniciativa de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Su designación resultó convalidada con la firma de Cristina, cuando todavía habitaba la Casa Rosada.
La ex presidenta prefirió transitar por Comodoro Py con un perfil más bajo que el acostumbrado. Redujo su batalla a las redes sociales. Pidió expresamente que no hubiera movilización de militantes. Quizá porque conoce las orfandades e intrigas que atraviesa en este tiempo a esa secta.
El ultrakirchnerismo está abocado a una construcción más importante. La realización antes de las Fiestas de un acto popular que tendría a la ex mandataria como única gran y prolongada oradora. Quizá para intentar llenar el vacío que dejó en la región, en ese aspecto, el fallecimiento de Fidel Castro.
Aquella construcción resulta delicada por un motivo: deberá ser imponente. Al menos impactante. Pero con la militancia pura y dura sería insuficiente. Los sindicatos están alejados de los K. Los movimientos sociales acaban de sellar un acuerdo económico formidable con el macrismo a cambio de no promover protestas. Los intendentes del Conurbano navegan dos aguas. Necesitan, por un lado, la ayuda financiera de Vidal. Deben empezar a tomar posición para las legislativas en la Provincia. Muchos esperan a Florencio Randazzo. Otros otean a Sergio Massa. Casi nadie, salvo La Matanza, apuesta a una candidatura de Cristina o, en su defecto, a seguir el derrotero de Daniel Scioli. El desafío consistiría en llenar el estadio de Ferro. Tampoco se trata del Maracaná. El escenario elegido en primera instancia hablaría de las limitaciones ultra K, que pasaron del 54 por ciento de los votos en 2011 y de llenar plazas, a conformarse humildemente con los patios interiores de la Rosada para asistir a las arengas de la jefa.
Ese kirchnerismo no hace más que amontonar problemas. Scioli, aunque en menor escala, afronta dilemas similares a los de Cristina. Acecho judicial y deterioro político. El ex gobernador fue herramienta de una puja entre Máximo Kirchner y el bloque del PJ en Diputados, que comanda Diego Bossio. El hijo de Cristina se jactó se continuar apareado al ex presidenciable. En contraposición a Bossio, a quien tildó de “traidor”.
Ocurre que Scioli es investigado por la jueza Marcela Garmendia por vuelos privados realizados con fondos públicos durante la campaña, a través de una empresa aérea con base en San Fernando.
En las últimas horas empezó a circular un video de Scioli en Punta Cana (República Dominicana). Hasta allí habría llegado con un vuelo privado desde aquel pequeño aeropuerto del norte del Conurbano. Scioli denunció de inmediato una acción de espionaje del macrismo. Discípulo digno de Cristina.
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