VAN DER KOOY

Cristina Fernández suele ser lineal y previsible cuando le toca administrar la adversidad. Sucedió en los primeros años de su mandato (2007-2009) cuando aún tenía la compañía en el poder de Néstor Kirchner. Sucede ahora también mientras gestiona casi en absoluta soledad. Desde el verano –y aún antes– ha venido acumulando problemas y rechazos. No indagó soluciones para ninguno de ellos. Prefirió retrucar con la cansadora y raída receta del relato.

Para la Presidenta, el perceptible cambio del humor socialrespondería sólo a una perversa intención destituyente.

Eso les hizo decir y firmar a un puñado de integrantes del Consejo Nacional Justicialista. Fue durante un encuentro de diez minutos que comandó, con cierta vergüenza, Daniel Scioli. En la bolsa de las críticas ordenó meter las fuertes resistencias a la reforma judicial, las denuncias sobre corrupción y la última enorme protesta callejera de indignados en abril.

La indigencia política y argumental de la respuesta no hablaría nada bien del ingenio de Cristina y de su tropa. O podría estar trasuntando tres síntomas: un claro agotamiento del relato que representó la viga maestra desde el 2007; la carencia de recursos políticos para neutralizar o dar vuelta, siquiera, algunos de los desafíos que enfrenta; una peligrosa enajenación respecto de la realidad. Este sería, sin dudas, el diagnóstico más inquietante.

Toda la dinámica del cambio de clima social fue acicateada, curiosamente, por el propio Gobierno. Cristina hizo un pacto con Irán para, en hipótesis, bucear la verdad sobre el criminal atentado en la AMIA de 1994. Rompió lazos con la comunidad judía aunque derramó el dolor sobre toda la sociedad. Aquella bomba fue contra los argentinos. Hizo imponer ese pacto en el Congreso, además, con una premura inexplicable.

Teherán no ha dado todavía una señal sobre si se avendrá a cumplir el Memorándum de Entendimiento.

La Presidenta tampoco pudo disimular su disgusto cuando la sorprendió, como a toda la nación, el nombramiento del cardenal Jorge Bergoglio como nuevo Papa. Las cabriolas posteriores, tal vez, hayan servido para reordenar su vínculo con Francisco, como jefe del Vaticano. Pero no para reparar el recelo que su actitud espontánea sembró en una sociedad orgullosa, no sólo por razones religiosas, de la coronación de un Sumo Pontífice argentino.

La semana pasada se cumplió también el primer mes de la tragedia por las lluvias que devastaron a La Plata y, en menor medida, a la Capital. El recuerdo pareciera muy fresco como para olvidar su solidaridad formal con los afectados y la polítización que La Cámpora y élla misma hicieron de la ayuda. Esa ayuda desnudó las falencias y precariedad del funcionamiento estatal. Todavía está en discusión hasta la cantidad de muertos que provocó aquel inesperado torrente. Sin embargo, menos de una semana después del desastre, Cristina se embarcó en la batalla decisiva contra el Poder Judicial, que la tiene ocupada desde entonces.

A esa descripción a trazo grueso de los principales episodios habría que añadirle otros bien conocidos, cotidianos: el amesetamiento de la economía, sus distorsiones, el cepo cambiario, la presión fiscal. Algunos de los motivos que Hugo Moyano enarbola desde la CGT opositora para descalificar al Gobierno. Y que también provocan el distanciamiento de la CGT K que conduce Antonio Caló.

¿Cómo podría creerse, de verdad, que detrás de esa pila de problemas no se esté cocinando un descontento social en lugar de un supuesto espíritu destituyente?

Ese slogan conoció su bautismo en el 2008 durante el largo y turbulento conflicto con el campo. No existió tal destitución –no podría haberla– y el fantasma golpista del Gobierno se convirtió en una dura derrota electoral en las legislativas del 2009. Había malestar popular, ninguna otra cosa. Ante la incertidumbre que genera el voto, Cristina parece reaccionar ahora como lo hizo antes junto al ex presidente: tratando de forzar la maquinaria. En aquel momento, recurrieron a las candidaturas testimoniales que derivaron en un fracaso. Ahora las ventajas intentarían arrancarse de la reforma judicial. Si los planteos de inconstitucionalidad no lo impiden, en las primarias de agosto se votarían jueces y académicos para integrar el nuevo Consejo de la Magistratura. Los postulantes de los partidos o alianzas deberían tener reconocimiento en por lo menos 18 distritos. Una exigencia que sólo cumple el FPV y, eventualmente, podría cumplir también el radicalismo. Pero la UCR integra el FAP y ese nucleamiento está lejos de satisfacer el requisito.

¿Qué perseguiría la maniobra? Varias cosas. Obstaculizar la difícil, por naturaleza, unidad opositora.

Esterilizar la posibilidad de que un mal resultado en las primarias se traduzca para el Gobierno en octubre en un resultado aún peor. Al revés de lo acontecido en el 2011. Lo más importante: apropiarse de una mayoría en la Magistratura para manejar la designación y destitución de los jueces.

Con esa herramienta el Gobierno podría tener completo su tablero. La Procuración General de la Nación viene haciendo en silencio otro trabajo fino.

Las fiscalías están siendo controladas y virtualmente cercadas por Alejandra Gils Carbó. Esa acción despierta críticas en funcionarios cuya misión sería investigar.

Pero la disidencia también implica costos. El grupo Justicia Legítima, alineado con el cristinismo, difundió un enfático comunicado en defensa de la procuradora. Asociaciones civiles hicieron lo mismo con un texto que colocó bajo juicio la idoneidad de los fiscales. Refirieron, sobre todo, a la reciente prescripción de una antigua causa por enriquecimiento que benefició a María Julia Alsogaray. La usina difusora de las declaraciones habría sido la misma: una consultora llamada Mercado y Transparencia. Dos de sus tres responsables serían las hijas de Gils Carbó.

Habría más. En el sitio Web de la misma consultora fue publicada la lista de pruebas del requerimiento de instrucción de la causa que involucra al empresario K Lázaro Báez, imputado por el fiscal Guillermo Marijuan. El abogado Ricardo Moners Sanz denunció esa irregularidad. Nadie que no sea parte de la causa pudo haber tenido acceso a dicha información.

Las sospechas por la filtración recaerían de nuevo sobre la Procuración General.

Tan desmañada ofensiva contra el Poder Judicial causó ruido, incluso, más allá de las fronteras. Cristina acaba de entrar en conflicto –como si no les faltaran– con la ONU. La relatora del organismo, la brasileña Gabriela Knaul, sostuvo que la reforma judicial pone en riesgo la independencia de los jueces y viola tratados sobre Derechos Cívicos y Políticos que la Argentina suscribió. Knaul no dijo nada sobre las cosas que suceden en la Procuración.

Pero la situación de los fiscales también está bajo la lupa de la ONU.

Héctor Timerman replicó con una queja de tan pobre textura que pareció competir con aquel comunicado del Consejo Justicialista que alertó sobre un espíritu destituyente. Knaul insistió con argumentos que esgrimen aquí la oposición, los jueces, los abogados y los constitucionalistas. La nueva Magistratura apunta al control absoluto de la Justicia; la limitación de las cautelares contra el Estado atentaría sobre los derechos ciudadanos.

La Presidenta, como en tantos temas, exhibe un discurso de doble estandar. Exhibe y elogia sólo aquello que le conviene. El Gobierno, por ejemplo, armó un show cuando el relator para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, consideró a la ley de medios como “de avanzada”. El funcionario tuvo audiencias con Cristina, con el titular del AFSCA, Martín Sabbatella y con los legisladores K. La brasileña Knaul, en cambio, habría excedido ahora sus facultades y sería una simple entrometida.

Scioli no quiere hablar de esa reforma. Su presencia en la cumbre del Consejo peronista, durante la cual se avaló el proyecto presidencial, produjo malestar en autoridades ausentes, en algunos intendentes bonaerenses e, incluso, en militantes de su agrupación, “La Juan Domingo”.

“Se puede hacer sciolismo sin Scioli. Pero no se puede hacer sciolismo contra Scioli”, narró con cierta desesperanza uno de los hombres que alienta ilusiones con el proyecto presidencial del gobernador.

Scioli se estrella siempre contra los mismos límites. Mantiene una voluntad férrea para no romper con Cristina, apuesta a diferenciaciones políticas sutiles, pero parece quedar atrapado a la hora de la verdad.

“Sólo lo llaman para los velorios, nunca para las fiestas”, alargó aquel mismo portavoz. El gobernador fue excluido de una cita de gobernadores K que se realizó meses atrás en Entre Ríos. Aunque fue convocado, junto a otro par, para firmar el apoyo a la reforma judicial y la denuncia sobre presunto golpismo.

Algunos dijeron que la obediencia de Scioli habría respondido, esta vez, a la autorización del Gobierno para un endeudamiento de Buenos Aires por $ 1.700 millones. Esos fondos no serían para la administración del gobernador: son para obras públicas de varios municipios con los cuales el cristinismo arregla a cambio del respaldo electoral. Hace seis meses que la Nación no le envía al gobernador el dinero acordado para la lucha contra la inseguridad.

La pasividad de Scioli desperezó al peronismo disidente. Felipe Solá lanzó su candidatura. Francisco De Narváez prefirió exhibirse junto a José De la Sota, Hugo Moyano y Roberto Lavagna. Mauricio Macri criticó la convergencia por temor, quizás, a una futura soledad. Son, apenas, las primeras manos de una partida que se juega con demasiadas cartas por el aire.