Por Hector Gambini
Martín Soria es ministro de Justicia nominado, diputado rionegrino por renunciar, ex empleado de la Biblioteca del Congreso y de los tribunales de Comodoro Py -a los que ahora él llama Comodoro Pro- y flamante escudero en la lucha contra el lawfare: la persecución política supuesta que pulveriza en un solo relato todas las pruebas acumuladas en las causas de corrupción kirchneristas, por contundentes que sean. En medio de todo eso, Soria fue intendente de General Roca durante 8 años.
Allí les retuvo el 6 por ciento de sus salarios a todos los funcionarios que incorporó a su gestión. No fueron dos, ni cuatro, sino 38.
De cada 100 pesos que el municipio les pagaba, 6 eran para Soria. Seis por 38. Todos los meses durante 8 años, con la presunta buena voluntad de los despojados, pero en negro.
De acuerdo con la investigación judicial, la Municipalidad de General Roca le imprimía al funcionario un recibo de sueldo con el salario completo, pero luego se le acreditaba en su cuenta bancaria un importe 6% menor.
La diferencia era entregada en efectivo al intendente. No por quienes recibían automáticamente el descuento, que no figuraba en ningún lado, sino directamente por la Tesorería municipal.
Es decir, los "voluntarios" hacían su aporte mensual antes de que el dinero llegase a sus manos. Ni lo veían.
Esto, además del abogado denunciante -el dirigente de la oposición Nicolás Suárez Colman- lo ratificó... el propio Soria.
El flamante ministro de Justicia declaró en la causa: “No existe normativa municipal que prohíba el mecanismo de descuentos de aportes voluntarios, siendo el mismo de larga data y usual, no habiendo recibido reclamo alguno por quienes realizaron el aporte en cuestión”.
Una frase llena de revelaciones: No existe normativa municipal que lo prohíba. Martín Soria fue intendente 8 años, sucedió en el cargo a su padre, y luego fue sucedido por su hermana. ¿Por qué prohibirían los Soria un aporte para Martín?
Y, además, ¿qué margen de negarse al aporte “voluntario” tendría un funcionario que asume con esa práctica usual y de larga data?
¿Quién querría romper la tradición si quisiera conservar su puesto?
El canon se llamaba, sin eufemismos, “Aporte Voluntario al Proyecto Político del Intendente Martín Soria” y era cobrado por él en efectivo, en negro, a discreción y sin rendición de cuentas.
Aunque esos aportes jamás fueron bancarizados, la fiscal Julieta Villa desestimó la denuncia contra Soria, su secretaria de Hacienda, su directora de Finanzas y los miembros del Tribunal de Cuentas por entender que “no se reúnen los elementos necesarios para encuadrar los hechos en una figura penal típica”.
Eso sí, la misma fiscal dice que “la manera de recaudar fondos para solventar el proyecto político de Soria fue administrativamente desprolija”.
Tras la apelación, la fiscal jefe, María Teresa Giuffrida, opinó que “corresponde profundizar la investigación respecto de algunos funcionarios y confirmar la desestimación respecto de otros...”.
Para ella, el sistema recaudatorio fue “sumamente informal”. Y ordenó seguir investigando a las funcionarias de Soria, pero no a Soria.
Es decir, investigar a quienes cumplieron las órdenes de descontar y darle la plata en mano al intendente, pero no al intendente que dio esas órdenes y cobraba el dinero todos los meses.
El sobreseimiento a Soria deja más curiosidades.
Una es que fue el mes pasado, demasiado cerca del momento en que su nombre empezó a sonar como futuro ministro de Justicia.
Otra es que en Río Negro funciona el sistema acusatorio que van a poner en Capital si consiguen sacar al procurador Casal, como viene batallando el kirchnerismo duro.
En ese sistema -tal como vemos en General Roca-, si los fiscales no avanzan, no hay causa.
Quien va tras esa obsesión de Cristina es, precisamente, el nuevo ministro Soria.
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