Por Martin Balza
En 1976 —como había sucedido en 1955, 1962 y 1966— se pretendía volver a una etapa anterior al peronismo, achicando al máximo el Estado en lo económico y agrandándolo también al máximo en autoritarismo. El “mal gobierno” de entonces fue sola una excusa.
La causa principal del golpe fueron las ambiciones de poder de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, secundados y estimulados por grupos de presión y sectores del poder económico, que se beneficiaron con el capitalismo prebendario impuesto —sin limitaciones— por el ministro de Economía, José Martínez de Hoz. En esa misma concepción, Arturo Pellet Lastra, refiriéndose a la dictadura, la calificaba de “netamente oligarca, tan vulnerable a las presiones del poder externo como implacable en la represión de la guerrilla”.
El plan sistemático, concebido por los altos mandos de la dictadura, era depurar nuestro país mediante una forma extrema de eugenesia, que incluía la eliminación de todos aquellos que los represores consideraban “irrecuperables”. Esto incluía a obreros, estudiantes, empleados, docentes, y también políticos, sindicalistas, periodistas, diplomáticos, religiosos y algunos deportistas y militares. En síntesis, una acriollada untermenschen (término empleado por la ideología nazi para referirse a lo que ésta consideraba “personas inferiores”). Los represores obraron siguiendo deleznables procedimientos: desaparición forzada de personas, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones clandestinas y extrajudiciales, robo de bebés, privación ilegítima de la libertad y saqueo de propiedades.
Delitos que trascienden lo jurídico y marginan el campo de la ética y de los principios cristianos. Impulsores civiles y mandos militares con dominio del hecho y poder de decisión no asumieron —salvo excepciones— su responsabilidad desligándola en sus subordinados. Se colocaron en una dimensión moral peor que la de las organizaciones irregulares a las que combatieron, porque ellos actuaban —aún en un gobierno de facto— en nombre del Estado y debían resguardar los derechos humanos esenciales: a la vida, a la libertad y a la propiedad de los ciudadanos en lugar de actuar sobre ellos como un ejército de ocupación. Que una cosa es el accionar criminal de grupos irregulares, y otra muy diferente es que el Estado se convierta en criminal.
Lamentablemente, gran parte de la sociedad no advertía que aceptando una dictadura —como el mal menor— estaba coadyuvando al advenimiento de un terrorismo de Estado, de imprevisibles y atroces consecuencias.
Martín Balza es ex Jefe del Ejército y ex embajador en Colombia y Costa Rica.
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